Texas declara propiedad estatal nueve islotes del río Bravo; la SRE rechaza que un estado altere la frontera

El gobierno de Texas declaró propiedad estatal nueve islotes del río Bravo cuya pertenencia estaba en disputa o no estaba clara, según Excélsior. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió que ningún gobierno estatal tiene facultades para modificar los límites fronterizos entre México y Estados Unidos, informó Proyecto Puente.

Los terrenos suman 66 acres y quedarán bajo protección del Departamento de Seguridad Pública (DPS) y del Departamento Militar de Texas, según el comunicado oficial que cita Excélsior. La Jornada de Oriente reportó que la designación también permite el acceso del ejército estadounidense «con el fin de mantener la seguridad operativa» de la frontera sur.

Los hechos

El anuncio lo hizo la comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, a través de la Oficina General de Tierras (GLO), de acuerdo con Excélsior. Buckingham dijo que coordina con autoridades estatales y federales para entregarles las coordenadas de los islotes; reconoció que no se ha identificado uso criminal ahí y señaló que otras zonas similares han sido aprovechadas por organizaciones delictivas. La declaratoria cierra «Protégelo», el programa texano de adquisición de terrenos para muros y barreras, reportó Excélsior.

El Imparcial informó que la decisión se tomó a solicitud de autoridades fronterizas, tras años de incertidumbre sobre la propiedad, y que no se ha confirmado actividad delictiva en las islas. El Diario de Nuevo Laredo las situó frente a Nuevo Laredo, Tamaulipas, y señaló que las patrullarán el DPS y la Guardia Nacional texana, mientras que el mapa que describe Excélsior abarca de las inmediaciones de Laredo a la zona de McAllen.

Según El Momento Quintana Roo, el gobierno mexicano señaló que la delimitación debe resolverse mediante tratados internacionales y mecanismos bilaterales; Dossier Político informó que la cancillería defendió la vigencia del Tratado de Límites de 1970.

Nuestra lectura

La objeción de la SRE, según Proyecto Puente, se centra en la facultad de un gobierno estatal para disponer de los terrenos. Los 66 acres no están en discusión. La impugnación mexicana apunta a quién firmó la designación; no discute la ubicación de los islotes.

El argumento de seguridad es preventivo. Buckingham reconoció, según Excélsior, que no se ha identificado uso criminal en los islotes, y El Imparcial consigna que no se ha confirmado actividad delictiva ahí. La justificación texana se apoya en lo ocurrido en zonas similares, no en estos terrenos.

Los medios describen un efecto práctico de acceso: militar estadounidense, según La Jornada de Oriente, y patrullaje del DPS y la Guardia Nacional texana, según El Diario de Nuevo Laredo. La propiedad es el medio para ese acceso. La circulación por el río es lo que cambia.

Contrapuntos

La objeción más fuerte a esta lectura es que la designación cierra un vacío administrativo. No hay usurpación. El Imparcial reporta que la decisión atendió una solicitud de autoridades fronterizas y llegó tras años de incertidumbre sobre la propiedad. Si el estatus de esos terrenos era incierto, como reporta Excélsior, una oficina de tierras estatal que los identifica y entrega coordenadas a agencias federales puede leerse como una regularización administrativa, no como una expansión. La respuesta de la SRE, tal como la reportan Proyecto Puente y Dossier Político, se centra en la competencia y en el tratado de 1970. Es una objeción de autoridad; no es una disputa sobre lo que ocurre en el río.

Queda abierto si el gobierno federal estadounidense respaldó la designación, cómo instrumentará México su rechazo y por qué El Diario de Nuevo Laredo sitúa las nueve islas frente a esa ciudad mientras el mapa que describe Excélsior llega hasta McAllen.